La pasada madrugada del 6 al 7 de junio, mientras los accionistas del Banco Popular Español dormían, se estaba gestando una operación de “incautación” de sus acciones. Los accionistas se habían ido a dormir propietarios de un maltrecho banco, y se levantaron privados de todo derecho, y atónitos ante los titulares periodísticos que proclamaban nuevo flamante propietario al Banco Santander.

Sin entrar en consideraciones acerca de los discutibles y excepcionales procedimientos utilizados por toda una pléyade de organismos de distinto pelaje, una vez más los españoles somos pioneros -pues hemos inaugurado tan expeditivos pronunciamientos-, y los alumnos más aventajados, según los organismos financieros internacionales, ejemplo de soluciones contundentes y acertadas.

¿Dónde quedan los derechos de los accionistas? En el último lugar, con la única alternativa de acudir a los tribunales para que reparen el abuso y restituyan sus derechos y dignidad. Cabe recordar que hace un año el Banco Popular llevó a cabo una ampliación de capital de 2.500 millones “para acelerar la normalización de la rentabilidad después de 2016”. Los inversores que acudieron, confiando en la información y cuentas proporcionadas por el banco y avaladas por los supervisores, disponen ahora de mecanismos jurídicos para reclamar la restitución de sus aportaciones, en razón del error a que se les indujo por el engaño de la entidad y por el incumplimiento de los términos de la emisión. Una vez más, como ocurrió con el caso Bankia, la noche más oscura de los accionistas, dejará paso a un nuevo amanecer gracias a nuestros tribunales.

Rafael González del Río
Artículo de opinión publicado en La Voz de Galicia el 13 de junio de 2017