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En poco más de 24 horas hemos vivido una situación cuanto menos insólita en la Justicia española: el jueves el Tribunal Supremo dictaminó que es la entidad bancaria quien ha de abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de la hipoteca y no el cliente.

La bolsa reaccionó con caídas y, suponemos, que los directores generales, presidentes y demás altos cargos de bancos se echaron las manos a la cabeza ya que podemos estar hablando de que han de devolver miles de millones de euros, como ya sucedió con las cláusulas suelo. Otra vez.

A través de una sentencia judicial de nuevo la banca española se pone en entredicho y ha de hacer frente a una devolución multimillonaria, toda una sorpresa para ellos ya que pensaban que esta guerra la tenían ganada. Y el jueves pareció que la perdieron, pero ayer, en un capítulo totalmente inesperado, el Tribunal Supremo anuncia que se replanteará la decisión tomada tan solo 24 horas antes. En la nota emitida por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo justifica este hecho en la «enorme repercusión económica y social» que ha tenido la sentencia.

Perdón, no lo entiendo. ¿Atendemos ahora el derecho y la justicia a las repercusiones económicas que tienen las sentencias? Porque podríamos hacer el análisis inverso en base a las repercusiones económicas que tendrá dar la razón a los bancos para los millones de familias españolas que contrataron hipotecas y que a lo mejor abonaron una cantidad que no les correspondía. Esto no se trata de bancos contra clientes, se trata de dos partes, como en todo juicio y en toda sentencia.
Por el momento, tendremos que esperar a ver qué dictamina el Supremo finalmente, ya que esta nueva jurisprudencia ha quedado suspendida, en las próximas semanas será el pleno de la Sala quien decida si acepta el banco el que pague el impuesto o si tendrá que hacerlo como hasta el momento el cliente.

A lo mejor, como sucedió con las cláusulas suelo, la decisión finalmente la tiene que tomar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que esta guerra judicial puede que tenga más de un capítulo pendiente.

Los bancos frenan los nuevos préstamos a la espera de lo que dicte de nuevo el Supremo

La reconsideración del supremo
La banca reaccionó ayer, tras conocer el fallo inicial del Supremo, aparcando la concesión de nuevas hipotecas hasta conocer qué sucederá finalmente con el pago del impuesto de actos jurídicos, que en Galicia supone, por término general (hay deducciones) un 1,5 % del importe de la hipoteca, según apuntaban fuentes del sector. Hay en juego miles de millones -hasta 9.000 se aventuró a cifrar un banco de inversión estadounidense en un informe- que las entidades financieras no están dispuestas a asumir porque sí, sobre todo ahora que el Supremo ha decidido convocar a todo su plenario para tomar una decisión.

En oficinas bancarias gallegas, la respuesta más habitual de los empleados a sus clientes era un «vuelva la semana que viene», «hay que esperar» o «no tenemos ninguna instrucción». Antes de que se conociera el paso atrás del Supremo, algunos directivos eran directos: «Si la sentencia es firme, hay que acatarla, y empezaremos a pagar nosotros».

Otra cosa es que pueda repercutir en el cliente, subiendo los diferenciales sobre el euríbor, o endureciendo los requisitos para conceder los préstamos. Es algo que ya sucedió tras la anulación de las cláusulas suelo en las hipotecas a finales del 2016. A inicios de ese año, con el euríbor prácticamente a cero, la media de hipotecas se firmaron a un tipo de interés del 2,56 %. Ahora, con el euríbor en negativo (-0,18), y aún abundante liquidez del BCE, la media es prácticamente igual; es más caro, algo que ya advertía el Colegio de Registradores a inicios de este 2018, recordando que detrás de ese repunte había decisiones judiciales que estaban trastocando el mercado hipotecario.

Mientras en las oficinas bancarias los clientes no encontraban respuestas a sus dudas, los despachos de abogados recibieron ayer numerosas consultas de sus clientes, pidiendo información sobre cómo reclamar los impuestos de la hipoteca. En el bufete de Óscar Arce en Vigo indicaban que «ha sido continuo» el trasiego de consultas. «Muchísimas consultas», añadían en el despacho de Carlos Borrás. El abogado Alfredo Varela recordaba a sus clientes que «si optásemos por la reclamación ante la Administración Tributaria nos encontraríamos ante un plazo de prescripción para tal reclamación de cuatro años desde la liquidación del impuesto, lo que supondría que tan solo se podrían reclamar el importe del impuesto abonado con posterioridad a octubre del 2014. De tales reclamaciones entendería la Administración Tributaria».

Si las acciones de los bancos cotizados españoles se desplomaron el jueves tras conocer el fallo del Supremo por el que se les obligaba a pagar el impuesto de las hipoteca, ayer reaccionaron al alza nada más conocer la nota informativa del alto tribunal en el que ponía en cuarentena ese criterio. Tras perder más de 5.000 millones de euros de capitalización bursátil nada más publicarse el fallo, el viernes los títulos rebotaron rápidamente desde media sesión, aunque el peso que ejerce el sector en el Ibex 35 -es el predominante- solo logró que el selectivo cerrara en plano, sin ganancias ni pérdidas.

Entre los títulos bancarios, tanto los del Santander como los del Sabadell se quedaron rezagados de las plusvalías generalizadas al ceder un 0,3 % y un 0,1%, respectivamente. En cualquier caso, pérdidas bursátiles muy alejadas de las que registraron el día anterior. Los inversores confiaron en que una nueva interpretación del Supremo sobre quién debe pagar evite un impacto millonario.