Todo el ciclismo español quedó en la picota ante la opinión pública a raíz de la llamada “Operación Puerto”. Desde la perspectiva que confiere el paso del tiempo, este asunto y el paralelo juicio mediático que se desarrolló merecen unas breves reflexiones. Debemos comenzar por recordar los hechos.

Detención de Manolo Saiz y Eufemiano Fuentes: estalla el escándalo

El director del equipo ciclista Liberty Seguros-Würtz, Manolo Saiz, el médico deportivo Eufemiano Fuentes y el hematólogo José Luís Merino fueron detenidos el 23 de mayo de 2006 a la salida de una cafetería, interviniéndosele a Sáiz una bolsa que contenía medicamentos (en concreto, Synachten, que contiene la sustancia prohibida corticortrofina que produce ganancia muscular) y la suma de 60.000 euros, entre euros y francos suizos. La operación de la Guardia Civil, iniciada anteriormente mediante escuchas telefónicas, se completó con la detención del segundo técnico del equipo Comunidad Valencia, Ignacio Labarta, y el ex deportista Alberto León y con el registro del laboratorio de Merino y apartamentos vinculados a Fuentes, en los que se hallaron bolsas numeradas de sangre congelada. La Guardia Civil sospechaba que esta sangre era extraída por Merino a diferentes deportistas durante la época de entrenamiento en alta montaña, cuando los niveles de oxígeno en la sangre son muy altos, y vuelta a inyectar a los mismos en medio de las competiciones oficiales para mejorar notablemente su rendimiento, consideraba también que Labarta colaboraba con Fuentes en la adquisición y distribución de sustancias prohibidas (EPO, hormonas de crecimiento y anabolizantes) entre ciclistas y que León actuaba como correo.

Fuentes y Merino quedaron en libertad bajo fianza de 120.000 euros. Saiz, Labarta y León quedaron en libertad sin fianza.

Consecuencias Iniciales

Dos días después de las detenciones, Liberty Seguros retiró su patrocinio al equipo de Saiz y el Comunidad Valenciana apartó a Labarta de su equipo técnico. Después de que se impidiera la participación del equipo en el Tour, Würth siguió los pasos de Liberty y también retiró su patrocinio al equipo de Saiz, que pasó a denominarse Astaná (capital de Kazajistán) tras el acuerdo alcanzado con el gobierno kazajo, por ser nacionales de dicho país varios de sus corredores, liderados por Alexander Vinokourov. La formación tampoco pudo participar en otras rondas menores.

El Tour de Francia excluyó al equipo Comunidad Valenciana por la posible implicación de Labarta en el asunto; igualmente, también le fue retirada la invitación para participar en la Vuelta a España En julio, la Comunidad Valenciana también terminó retirando su patrocinio al equipo, lo que supuso para éste la pérdida de los 2,4 millones de euros anuales que le reportaba tal publicidad.

Desaparecieron los equipos 3 Molinos Resort y Kaiku. El equipo Phonak dejó de inscribir en pruebas ciclistas a los corredores Gutiérrez y Botero. El T-Mobile despidió a sus estrellas Jan Ullrich y Óscar Sevilla.

El diario “El País” filtró parte del sumario que se encontraba bajo secreto. Los ciclistas boicotearon el Campeonato de España en señal de protesta.

Reacciones Judiciales

Manolo Saiz presentó en agosto una querella contra el Director General del Consejo Superior de Deportes, Rafael Blanco, por prevaricación y falsedad en documento público por enviar documentos al Tour de Francia, induciendo a creer a la organización que se trataba de documentos judiciales relativos a la Operación Puerto. Nueve corredores del equipo de Saiz denunciaron al Secretario General de la Federación Española de Ciclismo, Eugenio Bermúdez, por un delito de revelación de secretos por remitir a la organización de la Vuelta a España analíticas de sangre y orina y planes de entrenamiento de dichos ciclistas.

Otro grupo de ciclistas presentó una demanda ante la Audiencia Nacional denunciando el “Código Ético” del UCI ProTour. Al respecto, debemos precisar que el UCI ProTour es una competición cerrada a los 20 mejores equipos ciclistas del mundo, cuyo ideólogo fue el propio Manolo Saiz. El Código Ético es una norma de buena conducta autoimpuesta por los equipos ProTour, merced a la cual los equipos se comprometen a apartar de las pruebas a todo aquel ciclista sobre el que existan simplemente sospechas o indicios de dopaje y que impide a los equipos fichar a un corredor sancionado por dopaje, incluso durante los 2 años siguientes al cumplimiento íntegro de su sanción deportiva, es decir, un régimen propio mucho más severo que el que aplica la federación internacional de ciclismo (UCI), en el que los ciclistas carecen inicialmente de presunción de inocencia y sufren perjuicios incluso después de haber cumplido las sanciones deportivas.

En el mes de septiembre, el juez del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid llamó a declarar como nuevos imputados a Vicente Belda, director del equipo Comunidad Valenciana, a Yolanda Fuentes, médico del Comunidad Valenciana y hermana de Eufemiano Fuentes, y a Alfredo Córdova, antiguo colaborador de Eufemiano Fuentes y médico del equipo Astillero de remo, formación cántabra que fue sancionada en su día por el gobierno vasco por negarse sus remeros a pasar un control antidoping impuesto por la propia Administración vasca.

Reacciones Federativas

Entre tanto, la Guardia Civil remitió al Consejo Superior de Deportes un amplio informe sobre las investigaciones de la Operación Puerto, que este organismo remitió a la UCI, a fin de que ésta lo remitiese a las distintas federaciones nacionales de los presuntos ciclistas implicados. El juez encargado del caso, una vez levantado el secreto sumarial, prohibió a las federaciones utilizar ciertas pruebas obrantes en los autos (escuchas, grabaciones, fotografías) para sancionar a los corredores. Dichos medios de prueba quedarían limitados a las actuaciones penales, disponiendo las federaciones únicamente del informe de la Guardia Civil para aplicar las sanciones deportivas.

Dicho informe se basa en hipótesis que relacionarían las bolsas numeradas de sangre con determinados corredores a partir de anotaciones halladas en los registros en las que se anudan ciertos números a diferentes apodos. Así, las fuerzas actuantes consideraban que “Hijo de Rudicio” podría ser Jan Ullrich, por ser éste el “hijo deportivo” de Rudy Pevenage, “Birillo” podría ser Iván Basso, por ser ese el nombre del perro del corredor italiano, “Zapatero” podría ser Michele Scarponi, por significar “zapatos” la palabra italiana “scarpe”, “Catalán” podría ser José Enrique Gutiérrez Cataluña, “RH” podría ser Roberto Heras, “SVQ” podría ser Óscar Sevilla, “Alcalde” podría ser Marcos Serrano y así hasta 58 ciclistas que aparecían en el informe.

La federación colombiana archivó sin sanción el caso de Santiago Botero por inexistencia de pruebas, al no disponer más que de suposiciones sobre el posible dopaje del ciclista. La federación italiana hizo lo propio con el expediente de Iván Basso y también la federación española archivó todos los procedimientos relativos a los distintos corredores nacionales, manteniendo únicamente abiertos los procedimientos contra técnicos y médicos de los equipos, Manolo Saiz, Vicente Belda, José Ignacio Labarta y Yolanda Fuentes; no así contra Eufemiano Fuentes por no estar el mismo oficialmente vinculado a ningún equipo ciclista. Dichos procedimientos quedarían en suspenso hasta que recayese resolución judicial en los autos penales.

Desenlace de las actuaciones penales

El juez acordó que el Laboratorio Antidopaje de Barcelona analizase el centenar de bolsas de plasma congelado incautadas en los registros y que sus resultados – se hallaron índices elevados de EPO exógena en 8 de las 99 bolsas analizadas – fuesen informados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el cual dictaminó que los niveles de EPO detectados no serían suficientes para provocar efectos perjudiciales para la salud.

A la vista de dicho informe, el juez dictó auto el pasado 12 de marzo de 2007 acordando el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones, ya que, no existiría ningún delito contra la salud pública al no probarse que la sangre incautada pudiese producir efectos perjudiciales para la salud de las personas sobre las que se practicaría la autotransfusión; estando esta sangre conservada sólo para caso de accidente, según la defensa, y para mejorar el rendimiento durante la competición, según la investigación de la Guardia Civil.

Reflexiones Finales

Poco tiempo antes de dictarse este auto entró en vigor la Ley Orgánica 7/2006, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, que modifica el Código Penal para introducir un tipo penal específico (nuevo artículo 361bis) que castiga al entorno del deportista en los casos de dopaje. No obstante, aunque se ha extendido la idea de que los imputados en la Operación Puerto no han sido condenados por la imposibilidad de aplicar este nuevo delito con carácter retroactivo a hechos ocurridos con anterioridad, lo cierto es que se pueden albergar serias dudas acerca de la posible aplicación del nuevo tipo penal a casos similares. Ello es así porque el delito ha quedado tipificado en términos que exigen que las sustancias o métodos prohibidos estén destinadas a aumentar las capacidades físicas o alterar los resultados pero siempre y cuando además estas sustancias pongan en peligro la vida o la salud de los deportistas. Si no existe ese peligro, no hay delito, quedando únicamente la vía deportiva para sancionar a los responsables. Pues bien, si se presentase otro supuesto idéntico al de la Operación Puerto, en el que el dopaje consistiese por ejemplo en la administración de EPO al deportista, toda vez que existen informes que señalan que su empleo no produce necesariamente efectos perjudiciales dentro de determinados niveles, aun cuando sí mejoren el rendimiento del deportista, y que en el momento actual se desconoce si puede tener efectos secundarios sobre la salud a largo plazo, la conclusión habría de ser la misma alcanzada en el caso de la Operación Puerto. Es decir, que si no hay peligro para la salud no hay delito penal, sin perjuicio de las sanciones deportivas.

Mientras tanto, pese al sobreseimiento del caso, la Operación Puerto aún colea en el pelotón un año después. El panorama que deja es el de equipos desaparecidos, la retirada anticipada de algunos corredores, otros en paro y otros que no han tenido más remedio que aceptar ofertas de otros equipos con emolumentos hasta 15 veces inferiores a los que percibían antes del escándalo, pero sobre todo un daño irreversible a la imagen del ciclismo español.

El caso además se ha ramificado y se siguen actuaciones penales en las fiscalías de Bonn (Alemania) y Bérgamo (Italia). La organización del Tour presiona a los equipos para que vuelvan a dejar fuera de la edición de 2007 a los ciclistas que aparecían implicados en el sumario de la Operación Puerto y el equipo Discovery Channel ya ha rescindido el contrato de su corredor Iván Basso en vísperas del Giro de Italia, mientras que otros equipos han vuelto a suspender temporalmente a algunos de sus corredores. El tiempo dirá si las actuaciones penales han sido positivas para el ciclismo o si darán lugar a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por aquellos que han estado bajo sospecha de fraude.

RAFAEL ALONSO MARTÍNEZ
Abogado y Máster en Derecho Deportivo

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