Cada vez, son más los propietarios que deciden destinar sus viviendas al alquiler vacacional o turístico, lo que ha supuesto que, en las zonas de la geografía española que constituyen los grandes destinos turísticos de nuestro país, se planteen diferentes problemáticas en torno a esta actividad, en concreto, en los casos en los que estos inmuebles se encuentran en edificios constituidos en su mayoría por viviendas de uso residencial.

Ante esta novedosa situación, las comunidades de propietarios, cuyos vecinos se encuentran molestos por las implicaciones que conlleva el desarrollo de esta actividad, se plantean la posibilidad de prohibir que las viviendas que integran la comunidad se destinen a alquiler vacacional.

Al hilo de lo expuesto, en primer lugar, mencionar que no existe una norma estatal que establezca los criterios y las reglas básicas para el alquiler de viviendas de uso turístico, siendo esta una materia objeto de regulación autonómica, variando la legislación aplicable en función de la ubicación el inmueble.

En segundo lugar, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) la prohibición del alquiler de viviendas para uso turístico debe estar prevista en los estatutos de la comunidad. Si bien, el Real Decreto-ley 21/2018 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, introducía una modificación en la LPH, permitiendo que las comunidades de propietarios pudiesen adoptar acuerdos para limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de alquiler turístico de vivienda con una mayoría de tres quintas partes, ante su derogación el pasado 24 de enero de 2019, debemos atenernos a lo dispuesto en texto anterior de la misma norma, lo que implica que, para adoptar este tipo de acuerdos se requiera el voto por unanimidad del total de los propietarios, salvo en Cataluña, donde es suficiente el acuerdo favorable de 4/5 partes de los propietarios.

En definitiva, con carácter general, la necesidad de modificar los estatutos de la comunidad para el establecimiento de la referida prohibición, supone que el propietario que lleva a cabo esta actividad pueda obstaculizar por completo que se establezca la misma, pudiendo por tanto continuar con la actividad de alquiler de vivienda para uso turístico, siempre y cuando el piso turístico cuente con la autorización administrativa pertinente.

A ello cabría añadir un segundo matiz, ya que, aun en el caso de que se acuerde el cambio de estatutos y se inscriba en los mismos la citada prohibición, la misma no afectará a aquellos propietarios que vengan realizando esa actividad con anterioridad a la inscripción, habiendo ya resoluciones judiciales en este sentido.

 

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